PARÍS.— ¿Qué precio tiene la vida de un hombre? La pregunta suscitada por uno de los autores del ataque contra Federico Martín Aramburú apenas horas antes de que los 12 jurados y magistrados se apartaran de la vista para determinar su destino sintetizó de forma contundente tres semanas de un juicio extraordinario. La respuesta llegó en la noche, pasadas las 22 en París, cuando Loïk Le Priol recibió una condena de 26 años de prisión, y Romain Bouvier, 19 años.
Este viernes, ante el Tribunal en lo Criminal de París, los cuatro acusados pudieron pronunciar sus últimas palabras antes de que el jurado se retirara a deliberar. El veredicto debía responder a 20 preguntas, entre las cuales la más decisiva era: ¿cometieron Loïk Le Priol y Romain Bouvier un asesinato con premeditación o un homicidio simple?
Bouvier, con voz áspera, fue el más sucinto: “Nunca hallarÉ las palabras que correspondan al sufrimiento y a la dignidad de la familia del señor Aramburú. Todo ya está dicho”. Le Priol, el principal acusado, habló durante más tiempo.
“A lo largo de estas tres semanas he intentado desnudarme, ser honesto. Por la familia, por el tribunal, para, dentro de lo posible, aportar unas respuestas que nunca serán suficientes y que nunca sustituirán a don Aramburú”, declaró, y continuó: “Veintisiete años [la pena solicitada por la fiscalía]… son una cifra vertiginosa, eran mi edad en el momento de los hechos. Pero, ¿cuánto vale la vida de un hombre?”. Le Priol afirmó haber “comprendido muchas cosas” sobre sí mismo y quiso expresar su deseo de sanar algún día, incluso en prisión si fuera necesario, “para no volver a cometer nunca más lo irreparable”. Mencionó su fe, consideró la visita del papa León XIV a París ese mismo viernes como una “señal” y expresó su esperanza de que la familia Martín Aramburú “encuentre alguna vez la fuerza” para perdonarlo. “Y que yo pueda perdonarme a mí mismo”, concluyó. Los otros dos acusados, Antony S. y Lyson R., acusados de haber ayudado a Le Priol y Bouvier tras los hechos, no añadieron nada.
El jurado no sostuvo los cargos de asesinato ni de intento de asesinato. Según el tribunal, aunque Le Priol, de 32 años, y Bouvier, de 35, tenían la intención de quitar la vida a Federico Martín Aramburú, no existió premeditación en su acción. El primero, un exmilitar descrito durante el juicio como un “psicópata de buena familia”, fue condenado este viernes a 26 años de prisión por homicidio. El segundo, un coleccionista de armas con formación literaria, fue declarado culpable de tentativa de homicidio y condenado a 19 años de cárcel.
El presidente, los jueces y el jurado también condenaron a Lyson Rochemir a tres años de prisión, de los cuales 30 meses (dos años y medio) serán en suspenso, por ocultación de pruebas. Por los mismos hechos, Anthony Sorrentino fue condenado a tres años de prisión en suspenso. Todos los condenados, al igual que el fiscal general, disponen de diez días para presentar un recurso de apelación.
Así concluye un proceso que mantuvo en vilo a miles de personas hasta el final. El fiscal Philippe Courroye había solicitado 27 años de prisión para Le Priol por asesinato, 20 para Bouvier por tentativa de asesinato, tres para Lyson R. (uno de ellos, en suspensión) y tres para Antony S. (dos, en suspensión) por ocultación y destrucción de pruebas. La acusación no solicitó ninguna pena de seguridad obligatoria, aunque el tribunal tenga la facultad de imponerla. Muchos se preguntaban este viernes por qué la fiscalía no había pedido cadena perpetua, dado que sostenía que había habido premeditación. Tras cuatro horas de alegatos, varios abogados de las partes civiles esperaban, efectivamente, penas más severas.
El funcionamiento del jurado también generó dudas, especialmente entre quienes siguieron la audiencia de forma remota. Para llegar a un veredicto, los seis jurados populares, con escasa formación jurídica, se sentaron junto a tres magistrados profesionales, que los orientaron sin poder influir en su voto. Pero se trata de decisiones difíciles de tomar, aun cuando, contrariamente a lo que sucede en Estados Unidos, en Francia no se requiere la unanimidad, ya que una mayoría cualificada es suficiente para arribar a una conclusión, incluso para una condena. Durante estas tres semanas, se vio a los jurados tomar abundantes notas e intercambiar impresiones en las escalinatas del Palacio de Justicia durante los descansos, aunque nadie sabe si, antes de este viernes, habían comenzado realmente a deliberar entre ellos. Otra precisión importante dada durante la audiencia fue que los jurados no están condicionados por las peticiones de la fiscalía y pueden, dentro de los límites legales para los delitos imputados, dictar una pena más severa que la solicitada por el ministerio público.
El jurado tenía que responder a 20 preguntas relativas a los cuatro acusados, centradas principalmente en la calificación de los hechos (asesinato u homicidio), existencia o no de legítima defensa… En el derecho francés, la distinción entre homicidio y asesinato reside en un único elemento: la premeditación. El homicidio, definido por el artículo 221-1 del Código Penal, consiste en quitar la vida a otro de forma voluntaria y se castiga con 30 años de prisión. El asesinato, previsto en el artículo 221-3, es un homicidio cometido con premeditación, es decir, con un plan deliberado formado antes de la acción. Este se castiga con reclusión perpetua. Es precisamente esta cuestión de la premeditación —ampliamente debatida durante la audiencia en relación con el uso de un arma cargada y los minutos previos a los disparos— lo que definiría gran parte de la magnitud de la pena.
LA NACION consultó a varios presentes en el tribunal sobre los momentos que más los impactaron durante estos días de audiencia. La respuesta fue la difusión de imágenes de la escena del crimen con el cuerpo de la víctima —la familia, avisada, había abandonado la sala—, las fotografías del álbum familiar donde aparecen los tres hijos de Martín Aramburú, el sonido grave y ensordecedor de las detonaciones en las grabaciones de las cámaras de seguridad y el desgarrador testimonio de María Aramburú. También, la cantidad de imágenes que mostraron a Le Priol y Bouvier practicando para disparar y posando con armas, así como la personalidad dominante de ambos hombres, muy activos durante la audiencia, llenando páginas enteras de apuntes durante los interrogatorios de peritos y testigos, hasta el punto de que Bouvier a veces se perdía en “laberintos” de detalles. El alegato de la fiscalía, “implacable y literario” de Philippe Courroye, también dejó una huella indeleble en quienes siguieron el día a día de este juicio.
Hubo otros momentos clave durante estas dos semanas. Cuando Le Priol respondió con contundencia al ser interpelado sobre su contraseña informátiса, “Panzerlied88”, referencia a un cántico militar alemán asociado a una fórmula neonazi. En su defensa, sostuvo que se trataba de un “error de transcripción”. También tuvo que aclarar declaraciones reproducidas en la sala, como “casi me pongo a golpes con un repartidor de Uber Eats”. Las disculpas reiteradas de ambos hacia la familia fueron tildadas de “insinceridad” y “falsedad” por Shaun Hegarty, el amigo rugbier de Martín Aramburú que lo acompañó la noche de la tragedia. Otro dato relevante: cuatro disparos en cuatro segundos por parte de Bouvier, y seis disparos en cuatro segundos por Le Priol.
Desde la defensa, la estrategia sorprendió por su dureza: los abogados de los dos principales acusados no mostraron piedad hacia sus clientes, aludiendo a su “locura”, a su “necedad” por salir armados a la calle y a su “debilidad”, e incluso al “cretinismo”, para describir su paso por el grupo de extrema derecha GUD.
Entre los alegatos más recordados estuvo el de la abogada Tortos, representando a los tres hijos de Martín Aramburú, que lanzó una pulla a los acusados: “El papel de víctimas, señores, se lo dejan a ustedes. Ellos no lo quieren. No quieren que sus actos condicionen sus vidas”. También el de Le Bras, defensora de María Aramburú, quien subrayó el papel del azar en la tragedia: “Si Martín Aramburú y Hegarty no hubiesen pasado por el hotel Welcome a pedir hielo, habría sido Le Priol quien disparara primero”. Y el de Sophie Thonon-Westfried, representante de Cecilia Aramburú, madre de Federico, quien, dirigiéndose a los acusados, preguntó: “¿Tal vez algún día se darán cuenta de lo ocurrido aquella noche para convertirse en hombres dignos de ese nombre y para poder pertenecer, algún día, a la comunidad humana?”.
Para la madre de Federico Martín Aramburú, el fascismo segó la vida de su hijo. Su abogada recordó el testimonio de su cliente, que en varias ocasiones utilizó la palabra “impunidad”. “Y la impunidad impregnó la sociedad argentina durante 25 años”, añadió la letrada, explicando que al conocer las circunstancias de la muerte de su hijo y el perfil de los acusados, Cecilia recordó que, en marzo de 1975, en Argentina un grupo paramilitar de extrema derecha, la Triple A, había asesinado a un jugador del club de rugby de Plate y a otros miembros del equipo, todos ellos desaparecidos.
Una vez pronunciado el veredicto, los cuatro acusados disponen de diez días para apelar. Cada uno puede decidir de forma individual si impugna la resolución o acepta la pena impuesta. Por su parte, la fiscalía también puede recurrir, ya sea para uno o varios de los acusados, si considera que las penas han sido demasiado benévolas. De ser así, la apelación se celebraría ante otro tribunal, con un jurado popular ampliado. En Francia, la apelación de las decisiones de los tribunales no fue posible hasta el 1 de enero de 2001. Antes de esa fecha, el veredicto de un jurado era definitivo.
A la espera de la lectura del veredicto, Le Priol y Bouvier fueron ubicados en salas separadas del Palacio de Justicia. Lyson R. y Antony S., que comparecían en libertad, quedaron restringidos a no abandonar el recinto y vigilados, ya que también enfrentaban posibles penas de prisión efectiva.
El dispositivo de seguridad se reforzó este viernes debido a un cruce de calendarios: la visita del papa León XIV a París, cuyo encuentro con la multitud estaba previsto para la tarde en la plaza Saint-Michel, a escasos metros del Palacio de Justicia. El acceso principal, con sus emblemáticas escalinatas, quedó completamente vallado.
